Nuestra actual Constitución señala que existe un derecho a la Educación. Luego señala que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Finalmente –para rematar las cosas- señala que en las instituciones estatales la educación es gratuita. Hace ya un tiempo se publicó un artículo muy ilustrativo de Andrés Bayly y Gerardo Solís sobre la materia, en el cual se sostenía que la educación estatal era en realidad una mala receta para un pésimo plato. Por mi parte, no podría estar más de acuerdo con su tesis. A continuación comentaré brevemente el porqué de esta afirmación y desnudar algunas mentiras que se suelen decir en materia educativa.

Lo primero que debe decirse es que, en estricto, no existe Educación Gratuita. El servicio educativo tiene un costo y alguien debe pagarlo. Irónicamente, son los más necesitados quienes terminan sintiendo de forma perjudicial, los efectos de la absurda idea de la gratuidad de la enseñanza. Por otra parte, aquellos que pagamos nuestros impuestos costeamos la pésima educación estatal que se brinda en nuestro país. Finalmente, hay un problema adicional, nadie sabe a cuánto asciende la gran factura derivada del gasto en educación. Esta situación permite que determinadas personas internalicen los costos de este sistema sin tener nada que ver en el asunto y sin ser receptores de este servicio.

Además, hay un paternalismo en toda esta historia que debe ser denunciado. El Estado nos otorga un derecho, pero luego no podemos renunciar a él ya que nos dice que estamos obligados a aceptar la prestación de un mínimo en materia educativa. El Estado cree saber más que uno mismo sobre lo que nos conviene y nos obliga a aceptar la pésima educación que proporciona. No hay escape. Si me resulta más rentable no ir a estudiar, no tengo opción. Debo hacerlo porque el Estado me obliga. Esta situación que es del todo inadmisible, debería ser suficiente para desterrar la idea de una Educación Estatal.

Pero hay un tema que debe ser considerado: No es cierto que ante la inexistencia una educación pública, los sectores más necesitados se quedarán sin acceso a la educación. Lo que ocurre hoy en día, como lo decían Gerardo Solis y Andrés Bayly en su artículo, es que existe una suerte de competencia desleal por parte de las instituciones educativas públicas en perjuicio de las instituciones privadas. Cuando estas entidades estatales no existan, las entidades privadas tendrán todos los incentivos para competir en los sectores más desfavorecidos, ofertando sus servicios en diferentes estratos socioeconómicos. Y por los efectos propios de la competencia, los costos del servicio irán disminuyendo. De esa forma, abran opciones en el mercado educativo en el cual uno tendrá la facultad de decidir que servicio desea.

El propio sistema educativo gratuito adolece de serios perjuicios. En el caso de la educación superior los efectos son fácilmente perceptibles. Los free-riders son la nota común (existen personas que teniendo recursos optan por la educación gratuita, masificando la educación en perjuicio de todos). Todas estas cuestiones deben discutirse y ponerse en agenda. No pueden ni deben obviarse. No creo en la educación estatal. Creo que a veces en aras de tratar de aproximarnos a un estado de igualdad, sacrificamos la libertad. Y eso no es posible. En nuestro intento de seguir gritando a voz en cuello que todos somos iguales, solo estamos logrando que todos seamos igualmente ignorantes. Por eso, debe privatizarse inmediatamente la educación en aras de generar un mercado competitivo. De lo contrario, seguiremos estando hacia el final de la lista en materia de educación en el mundo.

Por Gustavo Rodríguez García