Maria de los Ángeles Murillo; abogada; profesora de Derechos Reales en la Universidad de Lima conversó con Perú Liberal sobre su visión del liberalismo.

El liberalismo es una corriente económica y ética de pensamiento y del comportamiento humano, que implica que las actividades que llevan a cabo los individuos en una sociedad no sean violentadas por el Estado. Es decir, que se deje a los ciudadanos, de forma individual o agrupada en sociedades, poder producir incrementando el producto bruto interno sin ser obstaculizado por el Estado, el cual debe ser promotor y no obstaculizador. Mi visión del liberalismo es ética, moral y económica, no política.

Los elementos del liberalismo son el libre mercado, la libertad que tienen los individuos dentro del marco legal, la igualdad ante la ley para desarrollar sus actividades sin que el Estado se entrometa, sin perturbar el orden público y sin molestarse unos a otros.

Se confunde mucho lo que es Estado de Derecho con otros conceptos como rule of law, igualdad ante la ley, etc. El Estado de Derecho no es equivalente al constitucionalismo ni a la democracia. Los liberales entendemos que el Estado de Derecho es aquella situación en la que el Imperio de la Ley prevalece sobre todo, por sobre las decisiones particulares de los gobernantes que, por ejemplo, vayan en contra de pilares fundamentales como el derecho de propiedad, los contratos o la responsabilidad contractual y extracontractual.

Cuando hablamos de igualdad ante la ley debemos entender que estamos hablando que la ley debe aplicarse igual para todos, obviamente en el Perú no existe. Los procesos burocráticos y administrativos son tan largos y tan complejos, que por culpa de la burocracia estatal solo pueden acceder al sistema quienes más recursos tienen, de manera tal que los más pobres se encuentran discriminados y por eso más de la mitad de los peruanos actúa al margen de la ley.

EL Estado debe simplificar los procedimientos, desregularlos, no deberían estar reguladas una serie de actividades. Por ejemplo, no deberían existir las licencias previas sino solamente las comunicaciones posteriores, con la posibilidad que el Estado fiscalice que se ha cumplido con la ley. Con eso suprimiríamos una gran cantidad de licencias, para reemplazarlas por comunicaciones y revisiones posteriores por parte de las autoridades municipales, es decir, que una persona comunique que va a construir, que va a demoler, que va a abrir un comercio, que lo va a hacer de determinada forma y va a cumplir con la ley, y si la autoridad descubre que no es así, tiene todas las facultades fiscalizadores y sancionadoras para castigar dicha conducta, sin demorar la inversión.