A un mes de aprobada la Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación que establece las condiciones para concesionar, al sector privado, edificios, conjuntos monumentales, centros históricos, arqueológicos y religiosos que forman parte del patrimonio cultural peruano, algunos sectores se han pronunciado en contra.

La norma prevé que los gobiernos regionales, municipalidades e instituciones públicas y privadas pueden hacerse de una concesión de servicios turísticos, de hasta 30 años renovables, de los bienes inmuebles del Estado, con la condición que los servicios que ahí se concesionen sean de categoría internacional.

Las manifestaciones de la última semana en Cusco han sido tan masivas como incomprensibles. La ciudad que recibe más turistas en el país, después de Lima, y que necesita urgentemente una gran inversión en los próximos años, sobre todo de infraestructura, se opone a la privatización de los servicios turísticos en bienes del Estado, nada más irracional. Pareciera ser que los miles de cusqueños que han salido a calles y plazas, apadrinados por las autoridades regionales y locales, no comprenden los beneficios de la promoción de la inversión privada en turismo y menos aun las necesidades de los turistas una vez que el turismo crezca exponencialmente en la ciudad. Quienes se oponen a la inversión privada tienen una visión ideologizada de las cosas, pues consideran que debe ser el Estado quien debe invertir en todo, y que los privados deben abstenerse de hacerlo en el patrimonio arqueológico o cultural, craso error.

La norma se da en vista que nuestro país, a pesar de contar con un basto número de atracciones turísticas arqueológicas e históricas, recibe menos del 10% al año de turistas de los que recibe México, país que tiene similares atractivos turísticos que nuestro país, además de sus incomparables playas del Caribe. La norma no podrá incrementar el número de visitantes extranjeros al Perú, pero si podrá dotar de servicios a aquellas atracciones que aun no los tienen y mejorar las que cuentan con servicios limitados, lo que hará que se pueda diversificar el turismo y potenciar varios de los lugares que hoy no son los más visitados del país.  

Es una realidad que los servicios que se brindan en diversos centros arqueológicos e históricos a lo largo del país son mínimos o inexistentes. Así por ejemplo, en centros arqueológicos del promocionado circuito turístico norte, como por ejemplo en Huaca Rajada, en donde fue descubierto el Señor de Sipán, o en las pirámides de Túcume, ambos en Lambayeque, no hay ningún servicio para el turista más allá del guía, un rústico museo de sitio y servicios higiénicos. En otros lugares como Choquequirao en el Cusco o Kuelap en Amazonas, los servicios turísticos son inexistentes.

La experiencia de la Municipalidad de Miraflores resulta ejemplar pues a lo largo de 20 años ha invertido en la recuperación de su único centro arqueológico, la Huaca Pucllana, que ha incluido la puesta en valor de la zona arqueológica, iluminación nocturna, cerco perimétrico y concesión de un restaurante de lujo dentro de sus instalaciones, lo que lejos de amenazar el patrimonio lo ha convertido en un lugar atractivo, tanto de día como de noche, todo ello en el marco de un convenio con el Instituto Nacional de Cultura. Si las autoridades de ese momento hubieran pensado que solo el Estado debía hacerse cargo del patrimonio e invertir en el, entonces no tendríamos ese atractivo ganado para la ciudad y que hace algunos años, simplemente no existía.

El miedo no debe paralizar las iniciativas innovadoras. Tampoco lo deben hacer las ideologías vetustas. El futuro del turismo en el Perú pasa por fomentar la inversión privada ahí donde el Estado no sabe hacerlo o ahí donde un privado esta dispuesto a correr el riesgo.