Solo los fujimoristas y los ingenuos pensaron que su líder, el prófugo ex Presidente, permanecería impune disfrutando de su frágil libertad. Al parecer solo ellos no se dieron cuenta que las violaciones a los derechos humanos son hoy perseguidas a nivel mundial y que es más difícil que antes escapar al largo brazo de la justicia universal.

Desde hace algunos años algo cambió en materia de derechos humanos, cuando el Juez español Baltasar Garzón solicitó a la justicia inglesa detener al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Para sorpresa de todos, Londres accedió al requerimiento y el militar permaneció bajo arresto domiciliario por más de 500 días mientras se discutía su extradición, después de lo cual argucias legales permitieron su libertad. Aun cuando el proceso final no se llevó a cabo, el que un juez se avocara a una causa de derechos humanos ocurrida en otro país ha sido un paso importante y servirá de ejemplo para que otros jueces hagan lo mismo en otras partes del mundo.

En el caso del ex mandatario peruano, el dictamen de la fiscal suprema Mónica Maldonado es un primer paso hacia la extradición de Fujimori por casos tan graves como la interceptación telefónica, la compra de medios de comunicación, las medicinas chinas, la compra de conciencias de los congresistas tránsfugas y los casos de Barrios Altos y La Cantuta, entre otros. Casos de corrupción y violación de derechos humanos que tienen, por cierto, un tratamiento distinto, pues mientras que los primeros prescriben y en la legislación peruana tienen penas de hasta diez años, los segundos, referidos a crímenes de lesa humanidad no prescriben, son perseguidos a nivel mundial y merecen penas mayores.

La responsabilidad de Fujimori en estos casos de derechos humanos está referida a la situación de dominio de los hechos que tenía, como Jefe de Estado, para determinar el curso causal de los hechos que condujeron a la comisión de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. En ese sentido, las normas del derecho internacional de los derechos humanos son de obligatorio cumplimiento, son inderogables y son vinculantes, y en ese sentido el Estado chileno y peruano están obligados a cumplirlas y por tanto, deben entregar y juzgar a quienes las cometan, respectivamente.

Si bien aun no puede afirmarse que Fujimori será extraditado al Perú, si queda claro que para la fiscalía chilena hay indicios que el ex presidente cometió varios delitos y para no entregarlo el poder judicial tendría que pensar lo contrario, es decir, que no existen razones fundadas para que Fujimori permanezca detenido un día más en Chile pues no hay motivo alguno para que enfrente la justicia de nuestro país y esa posibilidad pareciera hoy remota, pues la señal que se enviaría al mundo seria negativa. Si las instituciones funcionan en Chile, como parece, entonces el poder judicial tendría que aprobar la extradición hacia el Perú en el mismo sentido que lo acaba de hacer la fiscalía.

Quienes cometen delitos deben ser juzgados y merecerán una pena. Si Alberto Fujimori tuvo responsabilidad en los delitos por los cuales sería extraditado al Perú, entonces deberá ser juzgado por esos hechos, sin analizar si fue o no un buen gobernante, porque eso quedará para que lo juzgue la historia.